Congresista Eguren rechaza cambiar reglas de juego en pago de gratificaciones

El congresista Juan Carlos Eguren (PPC) rechazó el intento de la bancada aprista de cambiar las reglas de juego en el pago de gratificaciones de julio, tras considerar que esta pretensión afecta a los trabajadores “que ya tienen comprometido sus aguinaldos”.

“Estamos en un Estado de Derecho y esto implica tener estabilidad de las normas que no pueden ser cambiadas de un día para otro; se requiere predictibilidad de los agentes económicos, en este caso los trabajadores”, subrayó el también presidente de la Comisión de Trabajo del Legislativo.

Sostuvo que la mayoría de empleados “ya ha comprometido los recursos por gratificación de julio en pago de deudas, compras y otros usos y cambiar las reglas de juego sólo generaría inseguridad jurídica de uno de los agentes económicos (trabajadores)”.

“Muchos de los trabajadores ya han elaborado su plan de gastos, endeudamiento y pago de deudas y cualquier cambio pondría en aprietos a los trabajadores e incluso provocar un rompimiento de la cadena de pagos que sólo generaría problemas en el sistema financiero y en nuestra economía”, acotó.

Eguren consideró que cualquier cambio que se pretenda hacer debe producirse más allá de julio, al comentar el proyecto de ley presentado por la bancada del APRA que plantea que los empleadores aporten el 9% de la graficación ya no a los trabajadores, como lo dicta la Ley 29351, sino a EsSalud.

El legislador recordó que la exoneración del 9% de aporte a EsSalud en beneficio de los trabajadores se dictó como una norma de excepción para los años 2009 y 2010 dentro del Plan de Estímulo Económico para afrontar las consecuencias de la crisis económica internacional.

“Los efectos de esta crisis están desapareciendo y prueba de ello es el Decreto de Urgencia 037-2010 que limita el gasto público y esta afectación del 9% sería parte del desmantelamiento del Plan de Estímulo”, acotó.

Sostuvo que el argumento que EsSalud tiene un déficit de S/. 580 millones “es falaz” y consideró que el Ejecutivo debió prever esta falencia y asignar recursos en el Presupuesto Público del 2010 “y no optar por el camino fácil de afectar la remuneración de los trabajadores”.